Resumen
La Ética procede de manera metódica para lograr el contenido de sus doctrinas. Sin embargo dicho método es sustancialmente diferente al de las actuales ciencias naturales. Al contrario que éstas, la Ética no es exacta ni predice los efectos a partir de las causas, sino que procede de modo aproximativo y descriptivo. Esto último no significa que no contenga proposiciones normativas y universalmente válidas, sino que las obtiene por otros caminos. En concreto se apoya en lo radical de la existencia humana y sus manifestaciones -valoración, conveniencia y diálogo-, en la experiencia y sabiduría singular, histórica y cultural- para a partir de ello sistematizar un cuerpo de doctrina. Por ser su objeto algo concreto, libre y temporal, la Ética nunca alcanza un saber minucioso, cerrado y último, sino general y abierto. De modo que la Ética es sólo un apoyo didáctico, para aprender a juzgar individualmente acerca de lo valioso y lo conveniente.

Palabras clave
Método, normatividad, existencia, libertad, valor.

Abstract
The ethics have a method, which is different of natural sciences. Ethics proceeds by approximation and description, rather, natural sciences want from their propositions the exactitude in his descriptions and the prediction of the effects from the causes. The ethical doctrines are generalizations based on the existence of the human being -singular and communitarian- and his manifestations such as: deliberation, convenience and dialogue. The Ethics, through the assimilation and examination of these features, builds a whole system of knowledge. The function of this system is not providing a guide for the behavior of each member of the human kind. But is not a closed system but an opened, because his object of knowledge is always concrete,

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The Method of Ethics

problemáticas, o más bien, es necesario diferenciar los saberes por el tipo de objeto que se encargan de conocer? Si respondemos afirmativamente a la primera parte de la pregunta, entonces la Ética debe imitar el método científico-natural, y asimilar la libertad -y en general todo el comportamiento humano- a una causa natural como cualquier otra, con las implicaciones que se siguen de ello. Si, en cambio, se responde de manera positiva al segundo fragmento de la pregunta, entonces se hace necesario averiguar qué método permite acercarse mejor al objeto de la Ética: la existencia humana libre y su horizonte vital.

La pregunta por el método de un saber suele asociarse con la Modernidad. René Descartes, por ejemplo, escribió un discurso sobre el método en 1637. Pero la palabra y su uso es mucho más antiguo, en realidad se puede rastrear hasta la Grecia clásica, donde se usa para referirse al camino específico que permite llegar a algún lugar (μετά, ὁδός). La importancia del método se vislumbra cuando uno encuentra dificultades para resolver un determinado asunto. En ese momento uno cae en la cuenta de que no es suficiente con las explicaciones habituales, sino que es necesario pararse a pensar el asunto³. Uno planea, proyecta, elabora, etcétera, alguna estrategia para abordar el asunto (p. ej., como una partida de ajedrez), de manera que diseña un "camino" para alcanzar su objetivo (la victoria por el jaque mate).

      1. Lo distintivo del método de la Ética

Al contrario que las ciencias experimentales y las matemáticas, que funcionan desde axiomas o postulados generales y que los demuestran mediante experimentos o demostraciones, la Ética parte de lo particular y singular -las acciones individuales y el carácter y costumbres-. Y sólo a partir de generalizaciones más o menos precisas puede aspirar a proposiciones de carácter universal e irrefutable. Con el aprendizaje de Ética no se aprende a tomar decisiones correctas y adquirir hábitos y costumbres que complementen esas decisiones; para eso hace falta vivir la propia vida, arriesgarse a equivocarse y rectificar muchas veces.

Dentro de los asuntos más difíciles de resolver -quizá por eso más necesitados de método- está la cuestión del fin de la vida humana en general, de la existencia propia de cada individuo y de la vida en común que llevan estos individuos unos con otros. ¿Cómo puede uno averiguar qué le conviene? Y ¿cómo saber qué es lo que

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a) Que sea valorativo significa que establecemos una diferencia entre una opción y otra. Aquello que primero sirve para distinguir es que me convenga a mí -o a alguien que me importa- o que no haga daño a nadie a mí alrededor. Que algo me convenga significa en primer lugar que no me cause sufrimiento o dolor, o bien que si lo hace sea para adquirir algo que considero superior (p. ej. quimioterapia para curar el cáncer).

b) En segundo lugar, algo que me optimice, es decir, que haga de mí algo diferente -en principio algo que me haga más capaz o que me proporcione algo- o me de en beneficio algo que me hacía sufrir porque no lo tenía. Es útil considerar también que las valoraciones no las hago sólo en función de una situación presente, sino que me proyecto en cómo quiero ser -o qué quiero tener- dentro de unos años para ahora ya empezar a buscarlo y conseguirlo.

c) Por último, la búsqueda de una respuesta a la que le falta una inequívoca, significa que sólo a través del contraste, la experiencia y el aprendizaje llego a tener una capacidad adecuada para tomar decisiones que me convengan.

Como explica Scheler en su obra Ordo amoris:

"Me encuentro en un inmenso mundo de objetos sensibles y espirituales que conmueven incesantemente mi corazón y mis pasiones. Sé que tanto los objetos que llego a conocer por la percepción y el pensamiento, como aquello que quiero, elijo, produzco, con que trato, dependen del juego de este movimiento de mi corazón. De aquí se deduce para mí que toda especie de autenticidad o falsedad y error de mi vida y mis tendencias, depende de que exista un orden justo y objetivo en estas incitaciones de mi amor y de mi odio, de mi inclinación y de mi aversión, de mis múltiples intereses por las cosas de este mundo, y de que sea posible imprimir a mi ánimo este ordo amoris.".⁶

Valoración, conveniencia y diálogo. Estas tres experiencias son comunes a todos nosotros, pues nos vemos inmersos en un mundo que suele exigir de nosotros la toma de decisiones -estamos ocupados o al cuidado en nuestra existencia-. Estar en el mundo -existir- es ya algo que me obliga a decantarme por unas cosas o por otras, y si no tomo una decisión concreta, otros lo hacen por mí⁷. En palabras de Heidegger: " el Dasein es aquel ser al cual, en su ser, le va su ser".⁸

2.1. El desarrollo del juicio moral mediante la experiencia en la existencia

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su propia muerte, que diría Heidegger-⁹ es una dato esencial para saber qué nos conviene y cómo valorar. Igual que lo es que tengamos cuerpo y que podamos sufrir heridas y enfermedades; pues ambos hechos ya nos otorgan un marco de valoración suficiente. Lo primero diríamos, es mantenerse con vida -lo que los filósofos han llamado el instinto de conservación o supervivencia-, y después de conservada esta se puede aspirar a otros asuntos. Del mismo modo, en el caso de las comunidades lo primero que resulta reprobable es el asesinato u homicidio, porque matar a un semejante significa que yo mismo soy una amenaza, porque no respeto ni siquiera la propia vida como algo valioso.

2.3. Las tradiciones culturales como portadores y transmisores de juicios morales

Luego a las fuentes de la Ética -valoraciones, conveniencia y diálogo- podemos añadir: la tradición de las culturas y su sabiduría, la conciencia de la muerte y la vulnerabilidad. Sin embargo también aquí nos vemos obligados a hacer distinciones de valor y de conveniencia porque algunas culturas dicen cosas mejores a otras. O que al menos uno considera más dignas de crédito que otras. Por ejemplo, en una sociedad occidental se considera algo más valioso que la mujer se emancipe, mientras que para un árabe eso sería un retroceso en sus costumbres. Pues, a medida que han reflexionado sobre la cuestión de qué prohibir y qué fomentar en las comunidades, cada cultura ha tomado partido por una u otra opción, y las consecuencias diferentes así lo demuestran. ¿Cómo averiguar cuál es la elección más adecuada?

Las culturas como los individuos han sido múltiples, y aunque hay asuntos a los que han dado la misma respuesta (p. ej., robar es algo reprobable), no ha ocurrido con todos (p. ej., la libertad religiosa no es loable). Pero a la respuesta de cada cultura se la debe ver como un nuevo interlocutor, con una visión determinada y por eso parcial, en mi búsqueda de lo que me conviene -porque de entrada no lo sé-. Esa búsqueda, decía Sócrates,¹⁰ es el motor y la señal de que se está en camino de encontrar lo que de verdad me conviene, y no de algo que simplemente me apetece momentáneamente. También mediante el diálogo entre culturas se puede contribuir a la respuesta por el bien y fin del ser humano. Y por eso es una fuente de información a la que acude la Ética.

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sedimentando en el ser humano un saber acerca de cómo se alcanza un cierto bienestar en la vida. No tiene por qué ser perfecto, sino simplemente funcionar. Para perfeccionarlo -como en cualquier aprendizaje- tengo que acertar con mis decisiones acerca de qué es lo que me conviene. Al mismo tiempo, como decíamos, existen personas que no aciertan con lo que les conviene, y a esa vida que llevan se suele decir que es una vida malograda o fracasada. Por ejemplo, quien pudo ser un púgil o cantante maravilloso, pero que se dejó llevar por la fama y la droga, y murió joven y con toda la vida por delante, lo compadecemos. ¿A qué se debe este lamento? ¿Por qué suele ser un juicio y sentimiento compartido por los miembros de una comunidad?

A veces lamentamos que no haya tenido un padre o profesor que le ayudase en sus dificultades y perplejidades, en ocasiones nos alegramos de que haya sido así, que le hayan ayudado. Todos hemos pasado por alguna dificultad, por arrebatos de ira o de tristeza que nos dejan incapacitados para decidir. En esos momentos nos alegramos de poder tener a alguien a quien acudir en busca de consejo y ayuda. No queremos que nuestra vida fracase, y cuando vemos venir la mera posibilidad huimos de ella como si nos fuese la vida. No se trata de huir a países lejanos, sino de buscar una solución pertinente a nuestro problema, a ese angustioso 'no saber qué hacer'. Y por eso lamentamos que alguien no haya tenido a nadie que le pudiese aconsejar a tiempo. Alguien con el que hubiese podido aprender a conducirse en su vida.

Cuando uno no sabe qué hacer -recuérdese las dificultades asociadas al conocimiento ético que anunciábamos al comienzo- se enfrenta a un genuino momento ético, aquel en el que pone en juego las dimensiones más profundas de su ser. Acude a su saber más íntimo -con el que valora- porque quiere acertar. No le vale cualquier respuesta (p. ej., se enfada con quien no le toma en serio), sino aquella que ponga fin a su sufrimiento y le consiga lo que quiere. Para averiguar necesita un determinado saber del que en ese momento carece, ¿cuál es este saber "ético" y quién lo posee?

Continuando con el ejemplo, en esos casos solemos acudir a quien no tiene ese mismo problema, porque si fuera así de ninguna manera me podría solucionar el mío. Sino que preguntamos a aquel que eso -y quizá otras muchas cosas- lo ha conseguido solucionar. Alguien que demuestra con su conducta que sabe reaccionar ante las dificultades, que suele acertar con sus diagnósticos y propuestas, en definitiva, a alguien que en su vida le va bien (= es feliz).

3.2. El juicio moral es adecuado cuando es resultado de la deliberación correcta sobre el fin de la vida humana

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no en un instante sino a lo largo del tiempo, hacen falta muchas decisiones para que una vida fracase. Del mismo modo para que una vida llegue a ser valiosa antes son necesarias una multitud de decisiones que acierten con el valor y la conveniencia. De ahí la necesidad de acudir a los que saben -con ese tipo de saber que vemos manifestado en su propia vida- para, a partir de su consejo, tomar nosotros también decisiones acertadas.

Así como mediante la asistencia asidua a clases de piano uno llega a tocar bien el piano, posee esa habilidad y saber, del mismo modo quien se propone seguir las lecciones del prudente, llegará a poseer esa sabiduría que le guiará en sus decisiones. Y mediante la pregunta y el diálogo accederá a una sabiduría que está velada a aquellos para quienes todo se reduce a sus apetencias y vaivenes del carácter.

En la persona que consideramos prudente vemos condensada -como en un la luz en un prisma- la vida buena, que luego vemos reflejada de manera múltiple -como los colores- en las actuaciones y cosas valiosas. En él hay como una concentración de saber -saber lo valioso para mí en convivencia con los demás que me rodean- que le lleva a acertar en las decisiones que toma en su vida. Por lo tanto, se trata no sólo de dialogar y preguntar a él -en ocasiones no habrá tal posibilidad- sino de sacar conocimiento de su modo de actuar y conducirse. La pregunta más interesante para la Ética, decía Aristóteles, es: ¿Qué es lo propio y distintivo del hombre prudente?

Aristóteles hace algunos breves -pero fructíferos- ejercicios de generalización, inducción y tipología en la Ética a Nicómaco, para averiguar qué es lo característico de la persona con sabiduría práctica. Y a partir de ellos trata de establecer algunos principios que sirvan para identificar lo esencial de la prudencia. En su caso eran reconocidos hombres de prudencia personajes como: Pericles, Solón y Licurgo.

Todos ellos se distinguieron por ser excelentes legisladores y gobernantes -algunos de Atenas otros de Esparta- que supieron acertar con las decisiones necesarias para alcanzar un bien común. Podemos encontrar también en nuestra época personajes admirados por su capacidad de gobierno y de conducir su vida. Piénsese en gobernantes como Churchill, Mandela, Lincoln o George Washington. Esto no quiere decir que no tengan detractores, sino que comunidades enteras les consideran sabios en la materia. ¿De dónde procedía -y procede- su sabiduría para los asuntos humanos? ¿En qué consistía? ¿Por qué se dice de todos que poseían la misma sabiduría?

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fracasar. Más bien al contrario, se han conducido de tal manera que han alcanzado sus objetivos y el gozo que esto produce.

Acabamos de mostrar cómo procede la Ética: apoyada en la experiencia valorativa del ser humano, fija su atención en lo distintivo y radical de ésta -por ejemplo, la existencia de la prudencia y de lo valioso-. A partir de ahí, mediante sucesivas inducciones, lleva a cabo abstracciones y elabora tipologías, con el fin de enunciar proposiciones materiales -con contenido- acerca del fin de la existencia humana. Estas proposiciones, a diferencia de las que enuncian leyes de la naturaleza, que se cumplen siempre, sólo lo hacen en la mayoría de los casos. La sistematización de tales proposiciones -fundadas en la experiencia moral del ser humano- es lo que llamamos Ética.

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Resumen

El Código Tributario guatemalteco establece la obligación a la Superintendencia de Administración Tributaria de instar la persecución penal en caso de que considere que se ha cometido un delito tributario.

Dado que la administración tributaria inicia un procedimiento administrativo e insta al Ministerio Público a conducir una investigación penal, es indispensable verificar el respeto de los derechos fundamentales de los sindicados, incluyendo la prohibición de declarar contra sí mismo, desde el inicio del expediente administrativo. El propósito de esta verificación es que todos los elementos probatorios sean judicialmente válidos.

Sin embargo nuestro sistema de Derecho Tributario se basa en el deber de colaboración por el cual se auto determina la tributación por parte del contribuyente y es eminentemente necesaria la participación activa del obligado tributario durante todo el proceso administrativo de conformidad con la ley.

Esto conlleva la aplicación de dos ramas del Derecho que deben ser analizadas cuidadosamente para que no exista riña entre ellas durante el diligenciamiento de la investigación tributaria.

Es en este sentido es que la Superintendencia de Administración Tributaria debe observar el principio de legalidad recogido en la Constitución Política de la

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EL ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR EN CONTRA DE SÍ MISMO EN MATERIA TRIBUTARIA
The Extent of Forbidding Self-Incrimination in Tax Matters

guatemalteco. 3. Las obligaciones tributarias de los contribuyentes guatemaltecos. 4. Aplicación de las dos ramas del derecho a un expediente tributario. 5. Conclusión.

1. La obligación de la Superintendencia de Administración Tributaria a instar una investigación penal.

Si bien es cierto el derecho a no declarar en contra de sí mismo y parientes se aplica al proceso penal, su aplicación al derecho tributario surge del mandato legal que se le asigna a la Administración Tributaria mediante el artículo 90 del Código Tributario, el cual establece la prohibición de doble pena –non bis in ídem- leyendo su texto así “Si de la investigación que se realice, aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la Administración Tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de recibir el pago del adeudo tributario y ello no libera al contribuyente de la responsabilidad penal. La Administración Tributaria en ningún caso sancionará dos veces la misma infracción.”

Es decir que del resultado de un procedimiento de investigación que realice la Administración Tributaria si considera que existen indicios de la comisión de un ilícito penal debe abstenerse de imponer sanción, sin perjuicio del pago del adeudo tributario, y proceder a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para determinar si existe responsabilidad penal, siendo en este caso el Ministerio Público quien debe continuar con la investigación.

A partir del artículo citado la Superintendencia de Administración Tributaria tiene la obligación de transformar una investigación administrativa a una investigación penal, interviniendo así dos áreas del Derecho relacionadas pero con principios y normas de aplicación propias de cada una de ellas.

2. Derechos fundamentales del sindicado en el proceso penal guatemalteco.

Dentro de los derechos inviolables del proceso penal encontramos garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemalael derecho de defensa y debido proceso en el artículo 12, el cual implica que se cumplan todas las formas, etapas, plazos y garantías del proceso. En el artículo 14 la presunción de inocencia, es decir que mientras no sea declarado responsable judicialmente el contribuyente es inocente. Y en el artículo 16, la prohibición de declarar en contra de sí mismo y parientes, es decir que no puede la

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3. Negarse el contribuyente a proporcionar la información referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos.

Entre otros.

Es decir la no colaboración inmediata del contribuyente a lo requerido por la Superintendencia de Administración Tributaria constituye una falta administrativa que puede y debe ser sancionada conforme a la ley. Esto en virtud del deber de colaboración que existe en nuestro sistema tributario en donde se auto determina la tributación por parte del contribuyente, a efecto de que la Administración Tributaria pueda fiscalizar y recaudar adecuadamente.

4. Aplicación de las dos ramas del Derecho a un expediente tributario.

Ante esta disyuntiva el tratadista Alberto Sanz Díaz - Palacios¹⁵ hace una disertación sobre el material que puede contener una declaración en sí para considerarla una declaración vertida por el contribuyente en contra de sí mismo. En este sentido explica como todo el material cuya existencia es independiente de la voluntad del sujeto no constituye una violación a la prohibición de declaración contra sí mismo. Por ejemplo documentos elaborados por terceras personas que dejen constancia de determinados hechos o actos o que contenga una declaración de voluntad de esas personas. Y clasifica dentro de este grupo de material todos aquellos documentos exigidos por la ley, ya que si bien es cierto interviene la voluntad del obligado a llevarlo, tal como un libro o registro, no nace de su voluntad primariamente si no de un requisito exigido en ley.

En consecuencia presentar todos los documentos exigidos en la ley como los ejemplos que ya hemos citado no representa una violación a la prohibición de no declaración en contra de sí mismo.

Sin embargo en la práctica en la República de Guatemala la Superintendencia de Administración Tributaria en ocasiones requiere que los contribuyentes presenten información complementaria no fiscal (por ejemplo financiera) a través de declaraciones juradas vertidas ante Notario Público. En este caso sin discusión alguna nos encontramos ante una eminente transgresión de los derechos constitucionales fundamentales consistentes en el debido proceso, principio de

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Referencias

Electrónicas

• SANZ DÍAZ-PALACIOS, ALBERTO. 2003. El derecho a no declarar en contra de sí mismo. La articulación entre los procedimientos de gestión tributaria y el proceso penal por delito fiscal. Primera parte. (En línea) http://www.uclm.es/cief/Doctrina/derechoanodeclarar.pdf (Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015).
• SANZ DÍAZ-PALACIOS, ALBERTO. El derecho a no declarar en contra de sí mismo 2. La articulación entre los procedimientos de gestión tributaria y el proceso penal por delito fiscal. Segunda parte. (En línea) https://www.uclm.es/cief/Doctrina/Derechoanodeclarar2.PDF (Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2015).
  

Leyes

• Congreso de la República, Código Procesal Penal, Decreto 51-92 y sus reformas, Guatemala, 1991.
• Congreso de la República, Código Tributario, Decreto 6-91 y sus reformas, Guatemala, 1991.
• Constitución Política de la República de Guatemala, 1985.

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Resumen

Este estudio tiene por objeto el análisis y la valoración crítica de la evolución normativa experimentada en el sector del transporte internacional de mercancías por carretera y las operaciones conexas de carga y descarga en el seno de la Unión Europea. El análisis se centra desde una doble perspectiva teórica y práctica, en el estudio de los bloques normativos en presencia, la repercusión del Derecho europeo, y la autonomía de la voluntad de las partes para la elección de la ley aplicable como rectora de sus derechos y obligaciones. Desde la perspectiva de análisis de los operadores del sector se abordará en qué medida el objetivo de seguridad jurídica se está logrando o si por el contrario la ausencia de reglas claras de compatibilidad entre esas diversas normas acaban generando incertidumbres que perjudican a todo el elenco de intereses en presencia.

Palabras clave

Derecho internacional privado, contrato de transporte internacional por carretera, Derecho europeo, operaciones de carga y descarga, Derecho aplicable.

Abstract

The aim of this research is to analyze and evaluate the regulations development in the international carriage of goods by road sector and loading and unloading operations in the European Union. In particular, the research will focus on analyzing the interaction between normative blocks (European Law, national law and the

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concerniente a nuestra disciplina, sin desatender otras que imperiosamente tendrán que ser arremetidas con el propósito de ofrecer una respuesta analítica conforme a las características propias del Derecho internacional privado actual, caracterizado por un acopio atributivo del tráfico privado externo y por una sugerente especialización por sectores².

Estas reflexiones pretenden incidir en algunas de las cuestiones más controvertidas del Derecho europeo del transporte por carretera y con mayor impacto práctico sobre la realidad del sector. Las operaciones de carga y descarga de las mercancías son operaciones indispensables para el desplazamiento de estas que en incontables ocasiones se ejecutan de manera desordenada, a pesar de ostentar una importancia nuclear para un correcto desarrollo del transporte internacional por carretera.

Desconcierto que puede acabar generando daños en las mercancías a transportar y ante los cuales será necesario identificar los sujetos responsables de su ejecución para posteriormente depurar responsabilidades³.

El desarrollo actual del transporte, la logística, las operaciones de carga y descarga, la relación entre los diversos sistemas de transporte, además de la coexistencia en el sector de perspectivas jurídicas diferenciadas (Derecho público y Derecho privado)⁴ , convierte cualquier operación directa o indirectamente relacionada con la ejecución de un servicio de transporte de mercancías por carretera, en una actividad jurídicamente compleja.

Debido a la importancia de este tipo de operaciones para el desplazamiento de las mercancías, es necesario reflexionar sobre si éstas pueden englobarse dentro del propio contrato de transporte o no, el grado de autonomía de la voluntad para convenir a quién compete este tipo de operaciones y la posibilidad de plasmarlo mediante acuerdo expreso, las consecuencias que pueden originarse del tiempo de carga y descarga en lo concerniente a la paralización del vehículo, la espera y la situación del porteador, y la dilación en su ejecución respecto a determinadas disposiciones europeas en materia social que afectan al sector de los transportes por carretera nacionales e internacionales europeos, como condicionantes de las relaciones privadas de carácter internacional.

Asimismo deberá atenderse a la profesionalización que ha experimentado la manipulación de las mercancías mediante novedosos sistemas tecnológicos que han permitido el nacimiento y estructuración de un sistema empresarial complejo en el que coexisten operadores logísticos, plataformas, distribuidores de mercancías,

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cuanto antes del vehículo y ofertarlo a otro servicio, sin importar que dicho auxilio puede acarrear consecuencias jurídicas en materia de riesgos laborales, o más asiduamente en los tiempos de conducción, descanso y trabajo.

En este aspecto, tampoco cabe obviar que la pluralidad legislativa de la UE con la coexistencia de diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, hace de la consecución de cualquier política común, un verdadero reto jurídico, económico y político. Todo ello con independencia a su vez de que algunos de los diversos Estados miembro de la Unión estén caracterizados igualmente por una diversidad de sistemas legislativos territoriales como es el caso español⁹.

La nota de internacionalidad del Derecho del transporte y la tendencia hacia su uniformidad normativa internacional delimitada hoy por la europeización del Derecho privado iniciada con el tratado de Ámsterdam¹⁰, consolidada y reforzada tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, así como la proyección o dimensión externa de este proceso¹¹, refleja claramente una problemática específica en territorio europeo debido a la coexistencia en el sector de bloques normativos diferenciados (estatal o interno, europeo e internacional/convencional)¹².

Esta diversidad de fuentes normativas coexistentes es uno de los rasgos característicos del Derecho del transporte¹³. Esto requiere del legislador nacional, europeo e internacional un ejercicio de prospección futura que permita simplificar, mediante nuevas alternativas de producción normativa, la difícil tarea de coordinar el esfuerzo codificador en este preciso sector del Derecho. En este aspecto, es imprescindible subrayar que el progresivo aumento de los transportes transfronterizos evidenció tempranamente un deseo intrínseco de las instituciones europeas por rescatar competencias como la concerniente al transporte por carretera no desarrolladas mediante una actitud de inacción legislativa excesivamente dilatada en el tiempo¹⁴.

No obstante, y a pesar de que deviene coherente por parte de la UE reclamar mayores facultades en materia de transporte, existe una negativa de los Estados

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En relación a la definición de las operaciones de carga y descarga de las mercancías, la doctrina ha tratado ampliamente tal concepto, diferenciando un concepto en sentido estricto, de un concepto en sentido amplio mucho más completo al identificar y englobar necesariamente dentro de las operaciones de carga y descarga, otras no menos importantes como la estiba o desestiba, la clasificación, separación, colocación de las mercancías, y su almacenaje para una correcta ejecución del transporte de mercancías¹⁹.

Dicho esto, debe tenerse en cuenta que en el plano jurídico internacional y respecto a la ejecución de un transporte internacional de mercancías por carretera no resulta en absoluto sencillo identificar por un lado, quiénes son los obligados a realizar la carga y descarga de las mercancías (debido al silencio del Convenio y a las diferentes costumbres nacionales que derivan en un Derecho material aplicable poco homogéneo), y por otro, quiénes deben soportar las responsabilidades que puedan generarse por una inadecuada ejecución en la realización de estas operaciones. Además, los diferentes usos y costumbres particulares de los distintos centros internacionales de origen y destino, hacen sin duda alguna de esta tarea algo complejo y es totalmente necesario tenerlo presente en la negociación contractual entre las partes interesadas.

En efecto, la importancia de este tipo de operaciones materiales de carácter mercantil para el desplazamiento de las mercancías, exige una exhaustiva reflexión sobre si las operaciones de carga y descarga pueden incardinarse dentro del propio contrato de transporte o no, el grado de autonomía de la voluntad para acordar a quién corresponde este tipo de operaciones y la posibilidad de reflejarlo mediante acuerdo expreso, los efectos que pueden derivarse del tiempo de carga y descarga en lo relativo a la paralización del vehículo , la espera y la situación del porteador, y las demoras en su ejecución respecto a determinadas disposiciones europeas en materia socio-laboral en el sector de los transportes por carretera nacionales e internacionales intraeuropeos, como condicionantes de las relaciones privadas de carácter internacional.

Sin duda, nos encontramos en presencia de operaciones especiales que requieren una armonización jurídica internacional que permita reducir exponencialmente la incertidumbre y la inseguridad jurídica del operador empresarial y su desconocimiento (por inabarcable), sobre lo determinado particularmente por cada uno de los ordenamientos jurídicos nacionales, sus usos y costumbres para este especial sector.

3. La complejidad del marco jurídico internacional aplicable a las operaciones conexas en el contexto actual.

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conjunta (en unidad)²¹, y esto a su vez supone, como no podría ser de otra manera, un mayor ahorro en tiempo, y en consecuencia en costes.

El desarrollo de estos novedosos sistemas que facilitan la manipulación de las mercancías ha permitido el nacimiento y la estructuración de estas operaciones en un entramado empresarial complejo. Así se han desarrollado las figuras de operador logístico, plataformas logísticas, almacenaje, distribuidores de mercancías dependientes del operador logístico, centros de distribución ,y centros de operaciones por carretera que centralizan las entradas, salidas , y operaciones conexas a la ejecución o el servicio de transporte.

El ordenamiento jurídico español recoge novedades sobre las definiciones de operador logístico y almacenista-distribuidos en la modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, mediante la Ley 9/2013 de 4 de julio, al disponer mediante la nueva redacción de sus artículos 122 y 123 que,

[…]A los efectos de esta ley, se considera operadores logísticos a las empresas especializadas en organizar, gestionar, controlar, por cuenta ajena, las operaciones de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribución de mercancías que precisan sus clientes en el desarrollo de su actividad empresarial. En el ejercicio de su función, el operador logístico podrá utilizar infraestructuras, tecnología y medios propios o ajenos.

[…] A los efectos de esta ley, se considera almacenistas-distribuidores a las empresas especializadas en actuar como depositarias de mercancías ajenas que además, se encarguen de distribuirlas o de gestionar su distribución, conforme a las instrucciones recibidas del depositante. En el ejercicio de su función, el almacenista distribuidor podrá desarrollar otras tareas tales como consolidación o ruptura de cargas, gestión de existencias u otras que resulten preparatorias o complementarias del transporte y distribución de las mercancías almacenadas.

La doctrina ha analizado el concepto de contrato de logística, al definirlo como un contrato atípico separado a priori del contrato de transporte, pero que implica en numerosas ocasiones prestaciones diversas como el depósito, el arrendamiento de obra, aprovisionamiento, distribución, transporte o incluso en ocasiones un servicio integral. Así, el contrato de logística es aquél en virtud del cual un sujeto (operador logístico), queda comprometido frente a otro (usuario), a llevar a cabo una prestación de servicios logísticos (como los anteriormente enumerados), a cambio de una contraprestación económica²². Ante esta tesitura,

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el porteador es responsable (debiendo hacer frente a la oportuna reclamación y consiguiente indemnización), el transportista podrá hacer valer la limitación de responsabilidad recogida en el Convenio internacional aplicable (CMR) y beneficiarse del tope cuantitativo máximo para el resarcimiento del daño causado.

En cambio, el operador logístico no podrá beneficiarse de ese tope al no aplicarse la norma internacional a todas las prestaciones que haya convenido contractualmente en relación a la ejecución de un contrato de logística. Es decir, ante la realización de una serie de prestaciones conectadas entre sí (dentro de un mismo contrato de logística), donde no es identificable una prestación principal respecto del resto de prestaciones convenidas, el régimen jurídico aplicable individualmente al transporte no puede aplicarse por absorción al resto de prestaciones, debiéndose aplicar dentro de un mismo contrato, los distintos regímenes jurídicos aplicables individualmente en virtud de la prestación particular que se esté ejecutando en ese momento.

En efecto, ante un contrato de logística habrá que identificar a que tipos contractuales pertenecen las diferentes prestaciones del contrato, y aplicar a cada una de ellas la disciplina legal del tipo correspondiente, suponiendo lógicamente que al contrato de transporte englobado dentro del contrato de logística le será aplicable las normas de transporte correspondientes (el CMR para transporte internacional, y legislaciones nacionales para el transporte interno), y al resto de actividades, como el almacenaje, sus normas particulares²³. Es decir, el contrato de logística es además de un contrato atípico²⁴, un contrato mixto compuesto de diversas prestaciones²⁵, regidas cada una de ellas de forma individual mediante la normativa aplicable al tipo de operación particular, como si de una única prestación se tratase.

4. El contrato autónomo de las operaciones de carga y descarga de las mercancías.

En relación a las operaciones de carga y descarga de las mercancías, debemos puntualizar que estas pueden quedar sujetas al propio contrato de transporte o bien recogerse en contrato diferenciado o independiente de carga y

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3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en los servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona sin otra ayuda que las máquinas o herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado, las operaciones de carga y descarga, salvo que se pacte otra cosa, serán por cuenta del porteador.

En efecto, salvo pacto expreso en el que el porteador asuma estas operaciones para los envíos de carga completa, la carga y descarga respectivamente serán por cuenta del cargador y del destinatario, aplicándose el mismo régimen para la estiba y desestiba, soportando así cargador y destinatario, los daños que puedan generarse como consecuencia de la realización de dichas operaciones.

Sin embargo, y respecto a los servicios de carga fraccionada (paquetería y cualesquiera otros similares), siempre y cuando los bultos puedan ser fácilmente manipulados por una persona sin más ayuda que las herramientas existentes en el vehículo, las operaciones de carga y descarga serán por cuenta del porteador en ausencia de pacto expreso de atribución.

A nuestro juicio, es una decisión absolutamente acertada el regular de manera explícita para el transporte de mercancías por carretera nacional los sujetos responsables (en defecto de pacto de atribución), de la ejecución de las operaciones de carga y descarga de las mercancías. De esta manera, es necesario hace referencia al marcado carácter dispositivo de la normativa española aplicable en materia de transporte terrestre de mercancías, que permite un certero margen de maniobra a la autonomía de la voluntad de las partes para regular mediante pactos y acuerdos, operaciones tan esenciales para un correcto funcionamiento de los servicios de transporte como las actividades de carga y descarga de las mercancías a transportar²⁷.

En la práctica internacional, en innumerables ocasiones ante la ausencia de un contrato de logística donde se incardinen estas operaciones, o de un contrato atípico pero autónomo de carga y descarga respecto del contrato de transporte por carretera, e incluso, ante la inexistencia de referencia en documento contractual o carta de porte (como prueba de la existencia del contrato de transporte) de a quién corresponde la realización de estas operaciones, el operador del sector se encuentra ante una alta conflictividad y un considerable índice de inseguridad jurídica.

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No obstante, la operación denota mayor complejidad jurídica cuando las operaciones de carga y descarga las realiza un tercero especializado contratado directamente por el porteador. En estos casos coexisten dos niveles diferenciados para una misma ejecución de transporte: por un lado el régimen jurídico aplicable a la relación contractual de transporte, y por otro, el aplicable a la relación jurídica establecida entre el porteador y el tercero especializado en carga y descarga como contrato autónomo e independiente.

En conclusión, no es sencillo en muchas ocasiones identificar cuándo nos encontramos ante un contrato autónomo de carga y descarga de las mercancías, y cuándo estamos ante la realización de dichas operaciones incardinadas en el ámbito del contrato de transporte. Sin duda alguna la diversidad casuística que puede presentarse en la realidad práctica, permite incluso, como suele ocurrir asiduamente en los contratos de carga y descarga en el sector del transporte marítimo, que las empresas dedicadas a dichas operaciones de carga y descarga se sometan al régimen jurídico del porteador marítimo, situación que permite que en la práctica real de la actividad no exista distinción entre transporte y operaciones de carga y descarga, a pesar de que la ejecución de ambas actividades queden reflejadas en contratos independientes³¹.

5. Reglamento Roma I sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, y las operaciones de carga y descarga de las mercancías.

En materia de determinación de ley aplicable a las operaciones conexas a la ejecución de un transporte internacional de mercancías por carretera, la primera referencia debe realizarse al Convenio de Ginebra de 1956 (CMR) para aquellos casos en las que estas operaciones queden incardinadas en el propio contrato de transporte. Debe tenerse en cuenta de igual forma que en materia de obligaciones contractuales la normas por excelencia en la UE, vendrán determinadas en materia de la ley aplicable por lo que dictamine el Reglamento Roma I, que remplaza al antiguo Convenio de Roma de 1980³², y que en ausencia de Convenio internacional aplicable regula los conflictos de leyes en materia de obligaciones contractuales³³.

En consecuencia, ante la ausencia de Convenio internacional que regule la ley aplicable a las operaciones de carga y descarga de las mercancías en la UE, el primer criterio para determinar la ley aplicable será acudir al artículo 3 del Reglamento Roma y analizar la existencia de cláusulas de elección de ley o pacto vigente entre las partes³⁴.

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terceros especializados dedicados a la carga y descarga, estiba y desestiba de las mercancías a transportar.

6. Conclusiones finales

Debido al silencio que guarda el Convenio CMR frente a operaciones especiales como son la carga y descarga, estiba y desestiba de las mercancías y la paralización del vehículo, junto a la creciente injerencia del Derecho administrativo y el Derecho laboral en las relaciones privadas de transporte internacional por carretera, parece adecuado proponer una armonización de las normas nacionales elementales relativas al sector, con la finalidad de simplificar los criterios de atribución de estas operaciones a unos sujetos determinados.

Nuestra norma interna referente al contrato de transporte de mercancías por carretera (Ley 15/2009), junto a lo dispuesto tras la última modificación de la LOTT mediante la Ley 9/2013 de 4 de julio, recoge, a nuestro juicio adecuadamente, que las operaciones de carga y descarga de las mercancías serán por cuenta respectivamente de cargador y destinatario, a no ser que el porteador asuma estas operaciones de forma expresa y antes de la presentación del vehículo para su carga o descarga.

Una normativa con un carácter marcadamente dispositivo que permite un certero margen de maniobra de la autonomía de la voluntad para regular mediante acuerdos, operaciones imprescindibles para un correcto funcionamiento de la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera.

Dicho esto, cabe instar una homogenización normativa en el continente europeo que permita concretar la atribución de estas operaciones a un sujeto determinado para el transporte internacional como regla general, y una variante específica o particular que permita al porteador asumir tales operaciones. Téngase en cuenta, que la atribución de las operaciones de carga y descarga a unos u otros sujetos acabará repercutiendo en el régimen jurídico aplicable a la operación. Sin obviar, que en innumerables ocasiones tampoco es sencillo identificar en que supuestos nos encontramos ante un contrato autónomo de carga y descarga de las mercancías, y cuando estamos ante la realización de dichas operaciones incardinadas en el ámbito del contrato de transporte, situación que demanda del legislador una respuesta adecuada.

En definitiva, sería deseable que la vertiente de armonización conflictual (bastante más avanzada frente a la material) representada en materia de ley aplicable por el Reglamento Roma I para las operaciones de este tipo desarrolladas en la UE, diese paso a una respuesta más homogénea en territorio europeo que permita al operador jurídico y al operador empresarial conocer con total previsibilidad y seguridad jurídica el marco jurídico aplicable a este tipo de operaciones transcendentales en el desarrollo del transporte por carretera y del comercio internacional.

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Resumen
La siguiente recensión surge como un intercambio de la Editorial Mohr Siebeck, la Universidad de Heidelberg (Alemania) y la Universidad del Istmo (Guatemala) para dar a conocer las obras de Derecho Romano que publica la editorial y así llegar al público latinoamericano.

Palabras Clave
Derecho Romano, Arrogación.

Abstract
The following recension is the result of an exchange between the Publisher Mohr Siebeck, the University of Heidelberg (in Germany) and the Universidad del Istmo (in Guatemala) in order to present to the Latin American jurists the Roman Law collection of books offered by the publishing house.

Key Words
Roman Law, arrogation

La editorial Mohr Siebeck de Alemania lanzó hace un par de años su colección de libros sobre el derecho Romano. La misma busca tener una amplia colección sobre la evolución del Derecho Romano y sus instituciones, y así tener un campo de análisis de la evolución del sistema de derecho privado internacional. Esta colección es un complemento para los romanistas para que dentro de estas obras puedan encontrar investigaciones verdaderamente profundas sobre temas específicos del Derecho Romano. Las obras están escritas en alemán, pero siempre hay personas que se interesan en las traducciones.

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simulata adoptio filii quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata ese videatur. Javoleno y Casio siguen esta idea. La doctrina actual establece que esta frase era la regla en el derecho clásico y la ven como la regla de la arrogación.

La obra es muy completa y aborda muchos temas no solamente de la arrogación y la adopción, pero también del contexto histórico que se dio en la época clásica. Puede ser de interés tanto para romanistas como para historiadores.

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Resumen
En la actualidad existe un gran problema, sobre qué hacer y cómo actuar frente a las leyes injustas, ante tal problemática, la solución que se encuentra es desobedecer a las mismas. Es así como surge la desobediencia civil, un concepto que genera muchas interpretaciones. De ahí que se vaya a tomar como referencia el concepto de desobediencia civil de Ronald Dworkin, para tener un criterio y una forma de pensar acerca de este tema y así poder determinar, cuál es su validez, los casos, sus límites, y sobre todo, si la misma es realmente necesaria dentro de un Estado de Derecho. Sin olvidar que el fundamento del Derecho es la persona y que el Estado ha de responder a los fines de la misma. Siendo la desobediencia civil válida, no por razones subjetivas, sino porque la ley que se está aplicando a la persona va en contra del estatuto ontológico de su ser.

Palabras Clave
Desobediencia civil, ley, Estado de Derecho, persona, leyes injustas, Derechos fundamentales, Ronald Dworkin, Javier Hervada.

Abstract
In this days there is a problem, what to do and how to act against unfair law?, one of the solutions that was found is disobedience. This is how civil disobedience emerge, as a concept that have many interpretations. The author is going to take Ronald Dworkin’s concept of civil disobedience as a reference to have a criteria and a way of thinking about this issue, in order to determine which is it’s validity, cases, and limits, especially if it is really necessary, within the rule of law. Without forgetting that the foundation of law is the person and the State has to respond to it’s purposes. Being civil disobedience valid, not for subjective reasons, but because the law that is being applied to the person it’s against to his ontological status.

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¿POR QUÉ NO SIEMPRE ES NECESARIA LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN UN ESTADO DE DERECHO?
Why is not Always Necessary Civil Disobedience in a Rule of Law?

Ante este tipo de leyes injustas que no responden a la estructura ontológica del hombre, surge la desobediencia civil. Cantidad de filósofos, moralistas, sociólogos, políticos y juristas, se han preguntado sobre este concepto, el cual se ha asentado como uno de los más utilizados y citados en diversos escritos, ensayos y argumentaciones. Gran cantidad de personas buscan el medio para justificar un amplio abanico de acciones, que van en contra de la ley, argumentando que es una desobediencia civil, válida porque la aplicación de tal ley le está afectando a su persona. De ahí que al abordar el tema de la desobediencia civil surgen cuestiones como:

La desobediencia civil es una problemática, y un concepto que da pie a muchas interpretaciones. De ahí que se vaya a tomar como referencia el concepto de desobediencia civil de Ronald Dworkin, para tener un criterio y una forma de pensar acerca de este tema. Y así poder determinar, cuál es su validez, los casos, sus límites, y sobre todo, si es realmente necesaria la misma.

Lo cierto es que la desobediencia civil no es el verdadero problema. El gran problema es que el Estado que se dice de Derecho, no responde a las necesidades de la persona.

La mayoría de las veces, el Estado se ha convertido más bien es un Estado protector y paternalista, que poco contribuye al perfeccionamiento de la persona y que además pisotea el Derecho.

La ley emana no fundamentada en la persona y su dignidad, sino más bien en un consenso de la mayoría. Es bien sabido que en un verdadero Estado de Derecho responde a la estructura ontológica de la persona y sus leyes emanan de la misma, y si esto es así, entonces, ¿porque no es siempre necesaria la desobediencia civil en un Estado de Derecho? respuesta que se pretende resolver con este ensayo, partiendo de la legitimidad de la ley, la desobediencia de la misma desde el pensamiento de Ronald Dworkin, para establecer el fin del Estado frente a la

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¿POR QUÉ NO SIEMPRE ES NECESARIA LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN UN ESTADO DE DERECHO?
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etc.). Por ello, lo distintivo de la norma jurídica es la justicia, es decir: que regule lo justo, el ius .⁶

Regular lo justo, el Derecho, a través de leyes o normas jurídicas, necesariamente responde un orden, a una estructura dinámica y a una regulación de relaciones jurídicas. En donde, “la norma jurídica es, pues, estructura de la vida social y en cuanto estructura es una ordenación, pues establece un orden”⁷. Un orden encaminado a que la ley obligue a seguirla, una obligación de cualquier persona que se somete a la misma, salirse de ella es crear desorden y no cumplir con la obligación.

De ahí que se entienda por qué toda norma jurídica es una prescripción obligatoria, ya que, la misma prescribe conductas que son un deber de justicia, y al ser un deber de justicia, obliga. Por eso, la ley no es solamente imperativa. La reduciríamos a un cumplimiento puramente positivista, suscribiéndonos al hecho que la misma viene de la autoridad o del poder superior y dejaríamos por un lado que obliga por un deber de justicia, no de poder.

Hervada al respecto, menciona que “Toda norma jurídica auténtica obliga, pero no necesariamente es imperativa. Imperar es propio del gobierno. Obliga, “jurídicamente” hablando, solo lo que es deuda de justicia”⁸.

Ahora es cuando el panorama se abre, y caemos en la cuenta, de lo que menciona Hervada: “Una persona “debe” cumplir una norma no solo porque provenga de una autoridad exterior legítima, sino porque la misma responde a la finalidad propia de su naturaleza racional orientada a su plenitud personal y social”⁹. Así se entiende porque cuando la ley es buena y compatible con el fin del hombre, se ha de seguir. Pues además de responder a la naturaleza humana, responde a la justicia, según la realidad humana y de las cosas.

Por ello, no basta que una norma tenga la formalidad de ley para que sea una norma jurídica, por más que la ley sea válida y que se haya creado bajo lo establecido por el ordenamiento jurídico, y que además la misma haya entrado en vigor conforme a lo estipulado, si la norma positiva no responde a la estructura ontológica del hombre, a la naturaleza de las cosas y al entorno social, sencillamente esa norma no es válida. Pero no es válida no el sentido legalista, que atiende al proceso formal de creación de una ley, sino más bien porque no está basada en la naturaleza del hombre y su actuar.

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significa es grave, las dudas constitucionales también los son”¹¹.

En este sentido, frente a una ley dudosa, Dworkin describe tres posibles situaciones: a) que suponga que la ley se lo prohíbe; b) que persista en su duda hasta que un tribunal lo decida; c) que aunque el tribunal falle en su contra, el ciudadano persista en su actitud, tomando en cuenta los medios anteriores.¹²

La primera es el punto de arranque para Dworkin, sin embargo son todavía pretensiones, que se tienen acerca de una ley. Con respecto al segundo también lo descarta argumentando que al final, no es el tribunal quien elige sobre la moral de una persona, es la persona misma la que decide sobre su actuar y su moralidad, y sobre si la ley le produce un agravio.

Así pues Dworkin se decanta por la tercera posibilidad, porque eso es llevar la desobediencia civil a su máxima expresión, es darle a entender al Estado, que ni la ley, ni un tribunal, van a ser capaces de restringirle sus derechos. Y que además siendo dudosa la validez de la norma no comete ninguna violación o injusticia. Lo cierto es que la tercera postura, que Dworkin toma por más acertada, tiene un tinte relativista y subjetivista, no tiene ningún fundamento ontológico en ninguna cosa, se basa en un querer, el cual no es suficiente para determinar la desobediencia a una norma.

Por su parte Rawls define la desobediencia civil como: “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”¹³. A primera vista parece todo muy bien, pero adentrando en la definición volvemos a lo mismo de Dworkin, sigue siendo un criterio, ninguno termina de dar el elemento clave para poder realmente accionar en contra de una ley injusta, la desobediencia civil “es un medio moral correcto para mantener el régimen constitucional (...), es una parte de la teoría del libre gobierno (...), es un medio normalmente razonable y eficaz de protestar regulado de algún modo por un sentido de la justicia”¹⁴. Todo son sentimientos, valoraciones y criterios, pero no existe un fundamento sólido de reclamación de derechos inherentes ante normas injustas, y sin ningún fundamento, sin la persona como fundamento ontológico ante la respuesta de tales injusticias, ningún sentido tiene la desobediencia civil.

4. La persona como fin último del Estado de Derecho.

Así pues la desobediencia civil va en contra de las leyes injustas; aquellas que emanan de la voluntad de unos pocos que nos representan, una minoría que actúa bajo el telón del Estado, pero la pregunta es ¿Qué pasa si realmente el Estado, es un verdadero Estado de Derecho? ¿Sería necesaria la desobediencia

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Si el hombre es social por naturaleza, y el vivir en sociedad lleva a la búsqueda del bien común, entonces ¿Por qué surge el Estado? El Estado surge como esa necesidad de delegar el poder del pueblo en un órgano supremo que sea el que lo administre, un órgano único, sujeto a la ley, que busca el bien común como fin último. Y que además sea un órgano que sepa regular esas relaciones interpersonales entre los ciudadanos.

El rol del Estado es de servicio, sirve a las personas. Por eso se afirma que El Estado “Abandonando a sí mismo, sin conexión adecuada con la totalidad de las personas que agrupa, pierde su recta orientación”¹⁸. Esto deriva del mero hecho de que el Estado consiste en una creación de las personas, el Estado supone a las personas. No puede excluir a ninguno de los miembros de la comunidad, porque todas las personas participan de la dignidad personal. Aquí deriva el hecho de que el Estado no es un fin en sí mismo, en cambio la persona sí lo es. El valor ontológico de la persona se encuentra la raíz de este hecho. Por eso “la persona ha de colaborar con el Estado, en la medida en que éste resulte fecundo para la comunidad”¹⁹.

El sentido del Estado consiste en favorecer la convivencia adecuada entre las personas, por medio de la organización de las relaciones socio-políticas fundamentales de una comunidad de acuerdo con el bien común. Su meta consiste así, en “establecer y crear las condiciones y requisitos sociales más acordes con el buen desarrollo de la convivencia, más en concreto precisamente con este alcance global y básico, que es su tenor específico”²⁰.

Es aquí donde surge el Derecho porque si la meta consiste en establecer y crear las condiciones y requisitos sociales más acordes con el buen desarrollo de la convivencia. Que mejor que el Derecho, por eso veíamos anteriormente que el Estado y el Derecho van de la mano. Porque el Derecho, siendo ese arte de lo bueno y de lo justo, y que tiene por objeto establecer crear las condiciones y requisitos sociales más acordes con el buen desarrollo de la convivencia. Entonces el Estado creará las políticas y normas necesarias, no solo para aplicarlas, sino para contribuir al desarrollo de la sociedad y la búsqueda del bien común.

No deben confundirse el Derecho y el Estado. Sin embargo, están íntimamente relacionados. En concreto “el Estado debe contribuir a la convivencia y el bien común a través de su forma específica la equidad común, el Derecho”²¹.

Esa contribución al bien común y a la convivencia se traduce en, dejar que el hombre se perfeccione como persona. La búsqueda de perfección, por su parte y su felicidad, se inserta así en lo más íntimo de su ser, pues:

“lo propio del hombre es alcanzar su fin, que es perfeccionar al máximo sus capacidades, en especial las superiores: la

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esa ley responda a la estructura ontológica del hombre, entonces su carácter de positiva no es mala, al contrario es buena, porque regula y ordena basada en la dignidad del hombre.

5. Conclusión

En conclusión, la ley no agota el Derecho, no lo podemos reducir a eso. Lo que sí es cierto es que la ley es parte del Derecho y, por tanto, no se puede dejar por un lado. Es tal la unión que tiene con el Derecho que tiene un carácter de obligatoriedad, que emana de la justicia, de la ley: de lo que es debido porque le pertenece al sujeto. La obligatoriedad no parte de la validez formal de la norma, por más que la misma haya pasado por todo el procedimiento legal, a esto más bien se le llama imperatividad.

El quid del asunto está, en que muchas veces, a pesar que las normas sean totalmente vigentes y válidas son injustas, porque no responden al estatuto ontológico del hombre, sino a la voluntad y criterio de una minoría de personas, que en principio nos representan.

Ante este tipo de leyes injustas Dworkin explota, porque a pesar de no saber dónde fundamentar que el ser humano tiene derechos preexistentes, tiene muy claro que los mismos existen. Y que no solo basta con que existan, es necesario que los mismos se ejerciten; pero en el momento en que una ley restringe ejercer esos derechos u obligue a cumplir una norma que va en contra de los mismos, es cuando la desobediencia civil es totalmente válida.

Para esto, Dworkin toma como punto de partida la duda de la validez de las normas, ante la ley dudosa Dworkin establece las tres posibilidades mencionadas anteriormente. Como bien sabemos Dworkin descarta los primeros dos y se decanta por el tercero. Pero ante el tercer medio existe un gran problema y es su carácter subjetivo y relativo, ya que la decisión de desobedecer, reside en la valoración del sujeto y, no en la estructura ontológica de su ser. Por tanto, tal desobediencia no termina de esclarecerse si es lícita o no, una cumpliendo los requisitos y el argumento dado por Rawls para ejercer la misma.

Por tanto, volvemos a caer en lo mismo. La desobediencia civil en Dworkin no se sostiene, y no se sostiene porque Dworkin se olvidó, no solo de la metafísica, sino también de la naturaleza del ser humano. Cuestión que el Estado de Derecho no se olvidó ni dejó por un lado.

De ahí que ante la pregunta ¿si no siempre es necesaria la desobediencia civil en un Estado de Derecho? la respuesta es que no es necesaria porque el Estado de Derecho, está fundado en la estructura ontológica del ser humano. Y hablamos de un “no siempre” porque el Estado de Derecho está conformado por personas y alguna vez podrá equivocarse en cuanto a la creación de una norma que podría ser injusta, en ese caso operaría la desobediencia civil, pero con

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Resumen

En el presente trabajo se pretende analizar la correcta comprensión de la viabilidad de la garantía constitucional del Amparo, en cuanto a situaciones acontecidas dentro de un proceso electoral, tanto a la luz de la doctrina como de la jurisprudencia emanada de la Corte de Constitucionalidad.

A lo largo de la historia, se ha constatado mediante el estudio de la jurisprudencia constitucional, que dentro de un proceso electoral, se promueven constantes acciones constitucionales de Amparo y que muchas de éstas, han sido desestimadas sin llegarse a conocer el fondo del asunto por haberse inobservado presupuestos de procedibilidad.

Se abordará también, el tema de la figura del Amparo, visto y analizado desde el punto de vista del derecho comparado y conforme a las legislaciones con respecto a esta materia de México y Costa Rica. Se pretende con esto, arribar a la conclusión de que la garantía de Amparo puede ser muy distinta en la legislación mexicana, pero muy parecida en la legislación costarricense, respecto de la guatemalteca.

Palabras clave

Garantía constitucional de Amparo, Amparo en materia electoral, proceso electoral, jurisprudencia constitucional, presupuestos de procedibilidad, principio de definitividad, legitimación, cumplimiento del plazo, viabilidad del amparo

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CORRECTA OBSERVANCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DE AMPARO, EN EL PROCESO ELECTORAL,
DE ACUERDO CON JURISPRUDENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
Proper Observance of the Procedural Requirements of Constitutional Protection (Amparo) in the Electoral Process in Accordance with Case Law of the Constitutional Court

personas, con el objetivo de restaurar el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiere ocurrido.

Sin embargo, para que esta garantía constitucional sea viable, se deben de cumplir los presupuestos necesarios para su procedencia. Dichos presupuestos consisten en básicamente, el cumplimiento del principio de definitividad, la debida legitimación activa y pasiva y, la interposición del amparo en materia electoral atendiendo al plazo establecido para dicha materia, específicamente.

Esto, en virtud de que actualmente, se ha desnaturalizado la figura del amparo de forma tal que lejos de restaurar el imperio de aquellos derechos violados y proteger de las amenazas, retrasa la administración de justicia y en consecuencia, obstaculiza y retrasa los procesos, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional.

Algunos de los instrumentos de investigación para la realización del presente trabajo, adicional a todas aquellas referencias bibliográficas, normativas, electrónicas y otras identificadas más adelante en el apartado de referencias del presente trabajo de investigación, fueron la jurisprudencia constitucional guatemalteca en materia de amparo electoral, leyes, decretos y acuerdos vigentes, de la República de Guatemala y la jurisprudencia, doctrina y legislación mexicana, en virtud del capítulo de derecho comparado con México.

El presente trabajo identificará la importancia del conocimiento de la jurisprudencia constitucional con respecto al amparo, así como los presupuestos necesarios para poder promover esta acción dentro del proceso electoral de la forma adecuada y de esa manera, poder restablecer la situación jurídica afectada o evitar la violación denunciada de los derechos fundamentales.

Y, para finalmente, poder extraer aquellos criterios jurisprudenciales emanados de la Corte de Constitucionalidad, que se enfocan en establecer aquellos requisitos previos que deben concurrir para que sea viable la interposición de esta acción constitucional, con la intención de que la misma sea declarada procedente.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es evidenciar que es factible garantizar, durante el proceso electoral, el adecuado goce de los derechos cívicos y políticos catalogados como fundamentales, cuando se ha cumplido previamente con la exigencia del agotamiento previo del plazo y de los recursos pertinentes, antes de acudir a esa garantía; así también como quienes son las personas legitimadas para promoverla. Con el fin último de obtener los criterios generales de la Corte de Constitucionalidad sobre esta problemática.

La presente investigación está compuesta por cuatro capítulos en los que se desarrollará este tema. En el primer capítulo se hará una breve reseña histórica sobre el amparo y su evolución a lo largo de la historia. El segundo capítulo, se desarrollará una perspectiva en derecho comparado, entre el amparo en Guatemala y México, estableciendo el proceso de éste en esta última legislación. En el tercer

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CORRECTA OBSERVANCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DE AMPARO, EN EL PROCESO ELECTORAL,
DE ACUERDO CON JURISPRUDENCIA DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
Proper Observance of the Procedural Requirements of Constitutional Protection (Amparo) in the Electoral Process in Accordance with Case Law of the Constitutional Court

“…El principio de definitividad, enunciado como presupuesto procesal en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, implica la obligación que tiene el postulante de que previamente a pedir Amparo en los asuntos judiciales y administrativos que tengan un procedimiento establecido en la ley, debe hacer uso de los recursos ordinarios contemplados por la legislación que norma el acto reclamado. Esto obedece a razones de seguridad y certeza jurídica, porque el Amparo, por su propia naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no puede constituirse en una vía procesal paralela a la jurisdicción ordinaria, por medio de la cual los agraviados persigan la satisfacción de una pretensión que puede ser tramitada de conformidad con el procedimiento señalado en la ley que rige el acto…” ¹.

En distintos casos, ha surgido la duda respecto al cumplimiento de la condición de definitividad del acto agraviante y, específicamente en el proceso electoral se ha tratado la necesidad de interponer el recurso de nulidad, no obstante, la actuación reclamada como agraviante y que se pretende reparar, es originaria del Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, también se ha expresado por la jurisprudencia constitucional (sentencia citada a continuación) al igual que en la ley de la materia, que cuando la resolución es originaria del Tribunal Supremo Electoral, procede solamente el recurso de revisión, el cual deberá interponerse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación. Por lo que excluyen ambas, la posibilidad de interponer un remedio procesal consistente en nulidad, en virtud de que para dicho recurso existe procedimiento específico regulado en la ley y los casos en los cuales éste procedería.

Esto, ha causado criterios confusos, ya que, si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral también es competente para conocer del recurso de nulidad, este recurso no puede ser interpuesto en contra de una resolución originaria de él, ya que el recurso idóneo en este caso sería el de revisión. Por lo tanto, ejemplificando el presente caso, se podría decir que el recurso de nulidad es planteado ante el Tribunal Supremo Electoral para que éste, si fuera procedente, remedie el procedimiento llevado a cabo por un órgano inferior o dependiente de este Tribunal y, en contra de esta resolución, se interpondría un recurso de revisión.

Adicionalmente, si pudiera impugnarse de nulidad la resolución de un recurso de revisión ante el mismo órgano jurisdiccional, se estaría sometiendo a consideración el mismo hecho, nuevamente ante el mismo Tribunal y carecería de sentido la utilidad del medio de impugnación conforme al rango de jerarquía recursiva. En tal sentido, se expone el criterio jurisprudencial siguiente:

“…la procedencia del Amparo contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral, derivando la definitividad del hecho de que, previamente, se

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Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha emitido la siguiente consideración:

“…Es inviable otorgar Amparo cuando el máximo tribunal electoral al emitir el acto reclamado confirma el rechazo de una solicitud de nulidad de votaciones, al establecer que la peticionaria no acreditó la representación con la que afirmó actuar y, por esa razón, determinó que no estaba legitimada para ejercer acción alguna en nombre de la persona jurídica a cuyo favor pretendió instar mecanismos legales de defensa, dado que ese proceder se encuentra ajustado a la ley de la materia…”⁵. [el subrayado es propio]

En concordancia con esto, podemos mencionar la Sentencia de fecha 19 de octubre de 1990 dictada dentro del expediente 280-90 de la Corte de Constitucionalidad, mediante la cual dicha Corte opina que los partidos políticos se deben considerar como un medio para determinar la política nacional en virtud de que los mismos, ayudan al desarrollo del sufragio, expresan el pluralismo de ideologías políticas, exponen la voluntad del pueblo y en consecuencia, sirven como instrumento para la participación de los ciudadanos en roles tanto cívicos, como políticos⁶.

Se puede presenciar entonces, que esta garantía no es viable cuando la persona supuestamente legitimada para ejercer la acción no acredita correctamente su personería, en virtud de que no existiría para el efecto, seguridad jurídica en cuanto al proceso electoral y esto desvirtúa la posibilidad de emitir un razonamiento sobre el fondo del asunto.

Sin embargo, recordamos lo mencionado anteriormente en cuanto a que aparte de los partidos políticos, la Procuraduría General de la Nación y el Procurador de los Derechos Humanos, tienen la facultad de interponer esta garantía constitucional como defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en nombre de éstos. Y también se podría mencionar el caso en que algún individuo interponga esta garantía con el fin de que se le respeten sus derechos cívicos y políticos que podrían en algún momento ser restringidos por el Registro de Ciudadanos u otro órgano dependiente del Tribunal Supremo Electoral.

4. La interposición del Amparo contra lo decidido en el proceso electoral, atendiendo al plazo previsto por la ley constitucional

Con respecto a este presupuesto, han surgido dudas en cuanto a la normativa aplicable al plazo de cinco días que regula la ley, para los casos en que se pretenda constituir esta defensa constitucional cuando habiendo concluido el proceso electoral, aún existen violaciones pendientes de denunciar o resolver.

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a denunciar el agravio o a partir de que éste tenga conocimiento del hecho que se denuncia como lesivo.

Por lo tanto, por los motivos de interposición errónea en el plazo anteriormente señalados y aunado a las demás situaciones identificadas por la jurisprudencia constitucional con respecto a los presupuestos de viabilidad del Amparo analizados en el presente trabajo de investigación (como lo son la competencia, la legitimidad y la atención al principio de definitividad), es completamente inviable que la Corte de Constitucionalidad pueda pronunciarse sobre la pretensión de fondo planteada y en consecuencia, es totalmente improcedente que la protección del derecho que ha sido violado o el reparo del mismo, sea otorgado.

5. Conclusiones

1. La jurisprudencia constitucional se forma a raíz de un solo precedente, ésta asimismo, genera criterios jurisprudenciales que tienen incidencia en las decisiones judiciales futuras, especialmente aquella que emana de la Corte de Constitucionalidad. No obstante el conocimiento y aplicación de ésta es obligatorio, el no conocerla y/o aplicarla, puede provocar un incumplimiento de algún presupuesto procedimental que impida que se conozca el fondo de la pretensión entablada.
2. Se analizaron distintos presupuestos de procedibilidad y se comprobó con base en jurisprudencia constitucional que la falta de cumplimiento de ellos hacen imposible, por parte de la Corte de Constitucionalidad, el conocimiento y la decisión sobre el fondo del asunto. El resultado de este análisis resultó en que la mayoría de acciones de Amparo son declaradas sin lugar.
3. Los tres principales presupuestos de procedibilidad con los que deben cumplir el Amparo son el principio de definitividad, legitimación y la interposición dentro del plazo específico contemplado en la ley para la materia electoral. En ese sentido, se determina lo siguiente:
• El postulante tiene la obligación de hacer uso de todos los recursos ordinarios pertinentes establecidos por la legislación, en virtud de que esto fortalece la seguridad y certeza jurídica.
• Según se pudo determinar que el peticionario debe tener la legitimación suficiente para plantear la garantía constitucional de Amparo pero así mismo, tiene la obligación de comprobarla al momento de la interposición.
• Se debe cumplir con el requisito de temporalidad señalado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece que la acción de Amparo, exclusivamente en materia electoral, debe plantearse dentro de los 5 días siguientes a la

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• López Medina, Diego Eduardo. El derecho de los jueces. Legis, Segunda Edición. Bogotá, 2006.
• Mejicanos Jiménez, Manuel de Jesús. El Amparo como garantía para el acceso a la justicia y protección de los derechos humanos en la jurisdicción constitucional guatemalteca. Revista Acceso a la justicia. Volumen 32-33. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2000 – 2001.
• Mejicanos Jiménez, Manuel. Relevancia de la Jurisprudencia Constitucional en Materia de Amparo al Promover esa Garantía en un Proceso Electoral. Ensayo de Diplomado en Derecho Electoral impartido por el Tribunal Supremo Electoral. Guatemala, 2014.
• Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina. 1987.
• Rodríguez-Cerna Rosada, Carlos Rafael. El Amparo guatemalteco y las verdaderas reformas que clama su justicia constitucional. Guatemala, Editorial Orión, 2005.
• Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Apuntes de Derecho Administrativo. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 1987.
• Sierra González. Acciones constitucionales. 2ª Edición. Instituto de la Defensa Pública Penal. Editorial de la Embajada de España en Guatemala. Guatemala, 2013.
• Sobrado González, Luis Antonio. La jurisprudencia electoral como factor de profundización democrática en América Latina. Revista de Derecho Electoral. Tribunal Supremo de Elecciones. San José, Costa Rica, 2009.

Normativas
Nacionales

• Constitución Política de la República de Guatemala.
• Asamblea Nacional Constituyente. Decreto 1-86. Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Guatemala, 1986.
• Asamblea Nacional Constituyente. Decreto 1-85. Ley Electoral y de Partidos Políticos. Guatemala, 1985.
• Asamblea Nacional Constituyente. Decreto 7. Ley del Orden Público. Guatemala, 1965.
• Congreso de la República. Decreto 10-04. Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Guatemala, 2004.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 2,200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966, el cual se ratificó por Guatemala mediante Decreto 9-92 del Congreso de la República de 16 de marzo de 1992.
• Corte de Constitucionalidad. Acuerdo 1-2013. Disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal. Guatemala, 2013.

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• Iuristec. Guatemala, C.A. http://iuristec.com.gt/index.php/Resoluciones_judiciales [Consulta: Guatemala, 26 de diciembre de 2014].
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• Constitución de 15 de septiembre de 1965.
• Cordón Aguilar, Julio César. El Amparo. Conferencia Módulo V del Diplomado de Derecho Electoral impartido por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, avalado por Universidad de San Carlos de Guatemala, con el apoyo de Konrad Adenauer Stiftung. Guatemala, 2014.
• Dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad el 01 de abril de 1998 dentro del expediente 868-97.
• Dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad el 05 de marzo de 2009 dentro del expediente 908-2008.
• Dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad el 11 de julio de 2014 dentro del expediente 5352-2013.

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Resumen

Hace más de una década Guatemala era clasificada como un país no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero según el Grupo de Acción Financiera Internacional;     –GAFI-, pues el Estado no contaba con mecanismos para prevenir, detener o solucionar dicha situación. Derivado de lo anterior, Guatemala se vio en la necesidad de implementar medidas tendientes a cumplir con estándares internacionales en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, siendo una de ellas, la creación de la Intendencia de Verificación Especial –IVE-.

En el presente artículo se pretende dar a conocer dicha institución como una Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- así como la legislación bajo la cual se rige, la situación actual en la cual se encuentra, los problemas a los que se enfrenta, los retos que se ha propuesto y los resultados obtenidos a nivel internacional en materia antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo a partir del resultado del Informe de Evaluación Mutua que realizó el Grupo de Acción Financiera del Caribe -GAFIC- en 2010 para determinar si el desarrollo de la Intendencia de Verificación Especial como unidad de inteligencia financiera ha sido determinante para que Guatemala cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera a nivel internacional.

Palabras clave

Intendencia de Verificación Especial –IVE-, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI-, Grupo de Acción

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Por ello, Guatemala se vio en la necesidad de implementar medidas tendientes a cumplir con estándares internacionales en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, siendo una de ellas, la creación de la Intendencia de Verificación Especial.

De tal cuenta que, el objetivo primordial de este artículo es dar a conocer a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- como Unidad de Inteligencia Financiera -UIF-, que bajo las funciones establecidas en el artículo 33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, es que recibe, analiza, conserva registros e intercambia información con entidades homólogas para poder prever el control y prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Asimismo, se analizan los resultados del Informe de Evaluación Mutua 2010 de Guatemala que es uno de los instrumentos internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional para evaluar a los diferentes países en cuanto a estándares internacionales para prevención y represión tanto del Lavado de Dinero como del Financiamiento del Terrorismo.

Adicionalmente, se indaga con la presente investigación, averiguar cómo se encuentra a la fecha la Intendencia de Verificación Especial, cuáles son las dificultades a las que se enfrenta y cuáles son las metas y alcances realizados por ésta para el mejor desempeño de sus funciones no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, mediante el cumplimiento de los estándares internacionales que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional, en especial las recomendaciones 26 y 40 referentes a unidades de inteligencia financiera y colaboración internacional mediante memorandos de entendimiento respectivamente.

2. Intendencia de Verificación Especial como unidad de inteligencia financiera.

A través de los años se ha establecido la necesidad de contar con una entidad capaz de reunir información sobre actividades económicas, políticas y sociales que ocurren dentro de las fronteras de un país para que el Gobierno de éste pueda tomar decisiones en cuanto a la lucha contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo así como actividades delictuales originadas de dichos delitos; por lo que a nivel internacional se estimó la creación de Unidades de Inteligencia Financiera. Dichas entidades fueron creadas a partir de la formación del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera estableciendo este organismo una primera definición de UIF:

“…serves as a national center for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, ” .

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de cumplimiento en Guatemala se encuentra a cargo del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC.

En estas recomendaciones se encuentra claramente establecidas las definiciones tanto técnicas como legales del Lavado de Activos, que se establecieron en las Convenciones de Viena y de Palermo al igual que cuenta con 20 categorías de delitos subyacentes al lavado de activos para considerarlas como tales.

A la vez estas cuarenta recomendaciones constituyen un marco legal para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo LD/FT y su configuración se encuentra diseñada para que sean de aplicación general; es decir, para que todos los países del Mundo puedan aplicarla. Dentro de éstas, se establecen principios de acción para aplicar la normativa y los programas que cada país necesite respecto a sus circunstancias específicas para combatir los delitos anteriormente mencionados.

Aunque estas recomendaciones, como su nombre lo indica, no son de cumplimiento obligatorio, han sido de reconocimiento por toda la Comunidad Internacional; por lo que estas recomendaciones llegan a ser consideradas relevantes pues, se deben cumplir si un país quiere ser aceptado y tomado en cuenta por la comunidad internacional como un país que cumple con los estándares internacionales.

Dichas disposiciones, desde su creación han tenido actualizaciones siendo las recomendaciones:

1. Las 40 Recomendaciones de 1990.
2. Las 40 Recomendaciones de 1996
3. Las 9 Recomendaciones Especiales contra el Terrorismo Internacional de 2001
4. Las 40 Recomendaciones de 2003
5. Las Nuevas 40 Recomendaciones de 2012.

Evaluación Mutua

En cuanto a la evaluación mutua, ésta se elaboró mediante el uso de la Metodología ALD/CFT del 2004, siendo Guatemala analizada en base a las Cuarenta Recomendaciones sobre Lavado de Dinero del 2003, las Nueve Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo del 2001 del GAFI; además de leyes, regulaciones y materiales que suministre el país sujeto a evaluación durante la visita que se efectuó a Guatemala referente a la evaluación mutua de 2010, esta visita se realizó del 8 al 19 de junio de 2009²

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A manera de detallar cuáles fueron los avances y las desventajas con que contaba la IVE al momento de la Evaluación, se describen los dos estándares que se pretenden analizar:

Recomendación 26. Unidades de Inteligencia Financiera

“Recomendación 26: Los países deberían crear una UIF que se desempeñe como organismo central nacional para la recepción (y, si estuviera permitido, la solicitud), el análisis y la divulgación de reporte de operaciones sospechosas –ROS- y otra información relacionada con un posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La UIF debería tener acceso, directa o indirectamente, y oportunamente, a la información financiera, administrativa y proveniente de las autoridades garantes del cumplimiento de la ley necesaria para el cumplimiento apropiado de sus funciones, incluyendo el análisis de operaciones sospechosas –COS-.”

Cumplimiento de Recomendación:

Respecto de la Recomendación 26, ésta recomendación se circunscribió en el informe de Evaluación Mutua en la sección de Sistema Jurídico y Medidas Institucionales Relacionadas. Comenzando con una breve explicación de la IVE y sus funciones así como su estructura organizacional. Dicho informe señalaba ventajas que tenía la IVE; por ejemplo mediante estadísticas, dio a conocer las denuncias que se enviaron al Ministerio Público asimismo el número de reportes de transacciones sospechosas que contenía cada denuncia hecha de tal cuenta que pudieran analizar el trabajo que había realizado la IVE. Esa investigación se llevó a cabo de 2005 a 2010 en donde se demostró un aumento en la cifra de denuncias anuales por parte de la IVE en cuanto a reportes de transacciones sospechosas se refería.

Señala el informe a la vez que, en cuanto a protección de información se refiere, al hacer el la visita a las instalaciones de la IVE corroboraron que a pesar de ser aledaña a la Superintendencia de Bancos, ésta cuenta con su propio apartado correspondiente separada de la SIB y con sus propios recursos para trabajar, manejando el mayor volumen de documentos confidenciales y manteniendo sus archivos y expedientes bajo máximo cuidado; lo cual denota que la IVE dentro de su estructura organizacional trabaja eficientemente y con la prudencia que requiere al analizar documentos de suma importancia por el tema de seguridad que ellos manejan.

En cuanto a traslado de información a otros países, Guatemala realizó una “Encuesta de Satisfacción del Usuario” en 2008 a Argentina, Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos y Panamá en donde se establecía, según el informe de la Evaluación Mutua que la IVE no tenía problemas en enviar los requerimientos exigidos por los países mencionados; es decir que trabajaba ágilmente con las demás unidades homólogas para cumplir sus funciones a nivel internacional y cooperar en la lucha contra LD/FT.

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activos como con los delitos subyacentes en los que aquel se funda. Se deberían permitir los intercambios sin condiciones indebidamente restrictivas. En particular:

g) Las autoridades competentes no deberían rechazar una solicitud de asistencia fundándose solamente en que se considera que la solicitud también involucra cuestiones fiscales.
h) Los países no deberían invocar leyes que requieran que las instituciones financieras mantengan el secreto o la confidencialidad como fundamento para rehusarse a cooperar.
i) Las autoridades competentes deberían estar en condiciones de realizar indagatorias y, en los casos en que sea posible, investigaciones en representación de homólogas extranjeras.

Cuando la facultad de obtener la información por parte de una autoridad competente extranjera no esté dentro de las facultades de su homólogo, también se alienta a los países a que permitan un intercambio de información rápido y constructivo con otras autoridades. La cooperación con autoridades extranjeras que no sean homólogas podría darse directa o indirectamente. En caso de no se sepa con certeza cuál es la vía adecuada a seguir, las autoridades competentes deberían ponerse en contacto primero con sus homólogas extranjeras solicitando asistencia.

Cumplimiento de Recomendación

La legislación guatemalteca contempla el apartado de Asistencia Legal Mutua en donde tanto al Ministerio Público, como a la IVE y a cualquier otra autoridad competente se le da la facultad para poder solicitar asistencia a otros países con organismos homólogos con el fin de poder prestar cualquier tipo de ayuda referente a los apartados anteriormente descritos.

De igual manera la legislación cuenta con la normativa jurídica para contemplar la prestación de asistencia legal mutua a otros estados; un ejemplo de ello es la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo que en su artículo 21 estipula “con la finalidad de facilitar las actuaciones e investigaciones judiciales relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, El Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes podrán prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros países para… h) cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho interno”.

En el informe de la Evaluación Mutua se hizo alusión a los requerimientos de información internacionales, atendiendo 18 en el año 2006, 36 en el año 2007 y 31 en el año 2008; así también solicito la IVE información a otras entidades homólogas siendo 14, 72 y 19 en el 2006, 2007 y 2008 respectivamente. Así mismo el Informe hace referencia que la ley guatemalteca no contempla ningún obstáculo para poder brindar asistencia de cualquier tipo a cualquier otro país que lo requiera a excepción del artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la “Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros”.

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A pesar de la existencia de un convenio de cooperación aduanera con El Salvador con respecto al tránsito de personas, mercancías y dinero en efectivo, al momento de la visita no había estadísticas disponibles con respecto a la cooperación lleva da a cabo entre El Salvador y Guatemala”.

4. Determinación de relaciones internacionales que sostiene Guatemala como UIF a través de la IVE y su desenvolvimiento frente a GAFIC a partir de la última evaluación mutua de GAFIC 2010.

Cabe mencionar que la Intendencia de Verificación Especial, como órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es un órgano relativamente nuevo en comparación con el resto de órganos estatales; sin embargo, su avance se pudo incluso notar desde la Evaluación Mutua que se analizó anteriormente. Pues cabe notar que el objeto de análisis de las Recomendaciones 26, y 40 sobre Unidad de Inteligencia Financiera y Cooperación Internacional su cumplimiento fue “MC” (Mayormente cumplida) respecto de la calificación realizada, teniendo menos de quince años de haberse creado esta institución.

Esto representa un gran avance no solo para la Intendencia, sino para Guatemala en sí pues de esta Evaluación realizada a Guatemala pasó del noveno lugar (Evaluación 2006) a un cuarto lugar entre los miembros de GAFIC (24 países evaluados) así como también a nivel latinoamericano lo que demuestra el alto nivel que posee Guatemala para poder hacerle frente a estos delitos de carácter internacional. Y más que ello, la IVE no ha tenido realce solamente en el ámbito nacional sino también a nivel internacionalmente se ha abierto paso puesto que ha cumplido en sus estipulaciones legales en las cuales se establece la observancia que debe tener la IVE con los estándares internacionales en las materias anteriormente dichas; función que consiste en intercambiar información con unidades homólogas de otros países como el Grupo Egmont y se ha mantenido estable en sus metas, siendo eficiente al proveer no sólo al Ministerio Público sino a otras instituciones de cualquier asistencia que requieran para análisis de información y coadyuvar en los procesos pertinentes al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.

Sin embargo; a través de los informes anuales que se hicieron después de la Evaluación Mutua, referentes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014 se logró verificar que todavía quedan acciones que emprender no sólo por parte de la Intendencia de Verificación Especial sino por parte también de más organismos nacionales en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Deficiencias que no ha logrado suplir del todo como se vio en los análisis anteriormente hechos. A esta inspección es preciso sumarle los dos mayores retos que son de suma importancia para Guatemala: Las Nuevas Cuarenta Recomendaciones modificadas en 2012 y la adhesión a un nuevo organismo regional: el Grupo de Acción

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• The Egmont Group (sin fecha) Financial Intelligence Units [en línea],http://www.egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units-fius .

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Resumen
La fiscalización del financiamiento y ejecución del presupuesto de los partidos políticos en Guatemala, carece de las herramientas legales y fácticas para hacer efectiva una contienda electoral justa. Ante esta realidad, es necesario realizar una labor crítica, analítica y propositiva a cerca de los sistemas de control indirecto alternos del financiamiento y control del gasto de los partidos, los cuales incluyan, no solo la participación activa de los mismos partidos, sino también el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral en conjunto con las demás instituciones públicas. La trascendencia de tratar el tema de la fiscalización de los partidos políticos, el financiamiento privado y la ejecución del mismo en los medios de comunicación masiva durante la campaña, hace que tanto los partidos políticos como el órgano electoral estatal, sean fortalecidos desde sus instituciones hasta sus herramientas externas e internas de control.

Durante todo el proceso de adquisición de fondos, los sistemas de control por parte del Tribunal Supremo Electoral y los distintos mecanismos con que cuenta éste para la vigilancia directa sobre las finanzas de las organizaciones políticas, debe imperar la importancia de los medios de transparencia y rendición de cuentas a nivel institucional de los vehículos políticos y cómo estos afectan de forma directa en la institucionalización de los mismos.

Palabras clave
Derechos políticos, derecho electoral, democracia, fiscalización, financiamiento, campaña electoral, presupuesto electoral, Partidos Políticos, Tribunal Electoral, Constitución Política, Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN CAMPAÑA ELECTORAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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carece de las herramientas para regular y sancionar a las formaciones políticas. En general, las disposiciones alrededor del control del financiamiento y el gasto de los partidos, fuera de obstaculizar el proceso eleccionario, tienen como objeto promover un sistema de partidos con ideas políticas concretas y una competencia justa y equitativa. Sin embargo, en la actualidad la sociedad civil se refiere peyorativamente a los partidos como franquicias políticas. Para el electorado, este adjetivo muestra una doble cara de las formaciones políticas y sus dirigentes, quienes, en su afán de llegar al poder, se proyectan como instituciones responsables y transparentes, cuando en realidad actúan en flagrante atropello de la ley.

La inexistencia de las herramientas jurídicas de fiscalización al financiamiento y ejecución del dinero de los partidos políticos durante la contienda electoral atenta en el orden democrático y cívico. Las normas contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su reglamento, a pesar de haber logrado avances en temas de fiscalización con la última reforma, carecen de un efectivo alcance, cumplimiento y sanción. Es preciso, consecuentemente, ir más allá de la ley vigente, e implementar un sistema agudo de control del financiamiento y ejecución de los fondos de los partidos políticos, con el fin de fortalecerlos institucionalmente. Con esto se pretende exigir la transparencia en el financiamiento y ejecución de los fondos electorales de los partidos políticos.

El presente trabajo pretende, en primer lugar, realizar un análisis sobre el estado actual del sistema electoral guatemalteco, repasando las diferentes instituciones jurídicas, normativas y conceptos de los partidos políticos y su estructura orgánica. Luego se tratará el tema del financiamiento de las formaciones políticas en Guatemala, las clases que existen, y del papel de la transparencia y la institucionalidad alrededor de esta práctica. En el tercer capítulo, la investigación versara sobre la fiscalización, las herramientas con las que cuenta el Tribunal Supremo Electoral mediante sus órganos internos, así como de los límites que existen para su realización. En el cuarto capítulo, se propondrá la viabilidad y creación de un sistema alternativo de fiscalización, la cual incluye la participación activa de las demás formaciones políticas. Por último se hará la proposición de una reforma a la ley como alternativa y aporte al cuerpo normativo político.

2. Antecedentes del Sistema Electoral y Partidos Políticos en Guatemala.

Guatemala acierta, históricamente hablando, en un periodo de joven idiosincrasia en el plano político, pero con grandes retos para el futuro próximo como consecuencia de antecedentes que han marcado la diferencia en las contiendas electorales que han sucedido. La era democrática iniciada en 1985 con la firma de la “nueva” Constitución y demás leyes constitucionales, entre estas la Ley Electoral y de Partidos Políticos decreto ley 1-85, se encuentra en un punto de inflexión, en el cual es preciso realizar un análisis de cómo las normas han funcionado acorde a la realidad social, histórica y política. En una estructura legal en donde la plataforma fundamental se basa en leyes fundamentales, es oportuno también señalar, criticar y proponer soluciones para aquellas circunstancias en donde la ley, por múltiples

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bases definitivas de reconocimiento de un partido político, según Rodríguez: “ser una organización permanente, duradera, intermediaria y completa desde el nivel local hasta el nacional; tener una estructura, aunque sea mínima; ser intermediaria entre la sociedad y el gobierno; tener voluntad de ejercer el poder directamente y buscar el apoyo popular por lo menos electoral; y participar en la lucha por el poder político y en la formación política de los ciudadanos”.³

En cuanto a la fiscalización y ejecución del dinero de los partidos políticos, no existía mayor incidencia al momento del proceso electoral. Así lo expone Juan José Arévalo, ganador de las elecciones para presidente de 1945-1951:

“No eran tiempos aquellos en los que las campañas políticas se movilizaran con millones. Partidos populares multitudinarios se las arreglaban con pocos pesos y a veces con contribuciones de centavos. Las campañas departamentales no costaron gran cosa: quizá solamente la gasolina para transporte. En cada cabecera departamental, en cada cabecera municipal, los banquetes homéricos que se servían a las comitivas se obtenían con el aporte de familias pudientes”.⁴

En la Constitución de 1956 se creó formalmente el Tribunal Supremo Electoral en su artículo 35, el cual dice en su parte conducente:

“… se crea un Tribunal Electoral que tendrá carácter de órgano administrativo, gozará de plena autonomía en cuanto a sus funciones de tribunal privativo, y contra sus disposiciones no cabrá más recurso que el amparo ante la Corte Suprema de Justicia” .⁵

Por otra parte se incorpora un capítulo específico para los partidos políticos, otorgándoles carácter de instituciones de derecho público y los únicos con la potestad de presentar candidatos a la presidencia y al poder legislativo. Desde este punto, los partidos políticos se conciben como entidades cuya actividad y funcionamiento se limitan por ordenamiento de la ley. Cabe resaltar para efectos de la presente investigación, que esta Constitución no prevé ninguna normativa relativa al financiamiento, fiscalización y ejecución de los partidos políticos; salvo la prohibición expresa del Estado de financiar a estos con el erario público.

La Constitución de 1965 se caracterizó por la creación del Registro y Consejo Electoral, con funciones autónomas y jurisdicción en toda la república⁶ . Este registro tuvo responsabilidades administrativas de carácter electoral, no obstante limitativo en cuanto al tema de control y financiamiento, ya que la atribución de organizar y aprobar las elecciones presidenciales era del Organismo Legislativo. Esto significó un retroceso en cuanto al fortalecimiento institucional de los partidos políticos y la democracia en general, pues además de poca regulación estatal en materia electoral, el Tribunal Electoral fue prácticamente suprimido. Los acontecimientos políticos y sociales propios de la época, los cuales representaron una etapa transitoria en la historia de la democracia de Guatemala marcados por

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regulación. Por otra parte, mejorar las normativas y mecanismos respecto al financiamiento, tanto público como privado, con el objeto de desarrollar procesos electorales transparentes y justos, son medidas necesarias para garantizar un panorama justo, democrático y representativo. Al respecto se refiere el Secretario General de la OEA, en el prólogo de la obra Financiamiento de los Partidos Políticos en Latinoamérica:

“...los partidos políticos necesitan fondos para cumplir sus funciones de intermediación y representación, pero también deben ser controlados para evitar caer en las trampas y abusos… Se observa ya una clara propensión a establecer limitaciones al ingreso de los fondos, por fuente y por monto; a establecer mecanismos de control y rendición de cuentas, y a buscar, en alguna medida, instrumentos que mejoraran las condiciones de la competencia política para hacerla más equitativa.”⁹

Ante tal circunstancia, el sistema electoral guatemalteco se ve, de alguna manera, condicionado a concentrar su atención en el financiamiento de los partidos políticos; y las instituciones administrativas y tribunales especiales en la materia en obligación de crear los mecanismos necesarios para una aplicación eficaz de la norma y sus consecuencias sancionatorias. Por otra parte, las mismas formaciones políticas, como entes activos y garantes del orden democrático, tienen la responsabilidad de preservar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo una contienda justa. Pues no se puede suponer que las formaciones políticas limiten su participación en el proceso electoral únicamente para fines de llegar al poder, sino también están obligadas a hacer cumplir las leyes con el fin de preservar un sistema electoral apegado a Derecho.

4. Límites de la Fiscalización y control del financiamiento y ejecución de los partidos políticos.

Como es común en la mayoría de los países latinoamericanos, el financiamiento de los partidos políticos presenta un límite fijado por la legislación. Este control o límite tiene como finalidad la protección de ideales democráticos, como la igualdad, equidad, proporcionalidad, entre otros, así como la reducción de posibles influencias o favores políticos condicionados al apoyo económico que reciben las organizaciones. Más aún, en la mayoría de países de la región Latinoamérica en donde existen grandes diferencias sociales en términos de economía, la recaudación de fondos se convierte en una labor importante para costear una campaña electoral. Esta situación en conjunto con el fenómeno social del narcotráfico y la proliferación de grupos de crimen organizado, ponen en evidencia un sistema electoral clientelista.

Como se ha visto en las última dos décadas, algunos partidos políticos que presentan una ventaja en cuanto a recursos, tienen mayores posibilidades de llegar al poder en comparación con los demás. Esto se puede comprobar con el resultado

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• Las inequidades electorales graves. Se refiere a la inequidad de condiciones entre las formaciones políticas en tema de poder adquisitivo. En relación a este riesgo, la existencia de la ventaja del partido que se encuentra en el poder, de utilizar el erario público para financiar actos electorales. Esto no quiere decir que la creciente tendencia en cuanto a costos en materia electoral sea un factor negativo. Lo que afecta al sistema electoral es la distribución desigual de los recursos en los partidos.
• La desarticulación de los partidos y del sistema de partidos. Este riesgo se relaciona a la base institucional del sistema de partidos en el proceso electoral. Para esto, se requieren partidos políticos sanos en términos de aportación al sistema político. Este sistema debe fomentar sostenibilidad y evitar la fragmentación. Al respecto dice Casas y Zovatto:

“Si bien el financiamiento político no determina la volatibilidad, el formato o polarización del sistema de partidos, su regulación sí es capaz de crear incentivos que marginalmente afectan su comportamiento…” ¹²

Guatemala presenta un sistema de partidos con alto nivel de fragilidad, como consecuencia de la poca fortaleza institucional de sus organizaciones.

• La pérdida de credibilidad de la regulación del financiamiento político. El financiamiento político debe ser una actividad estrictamente regulada para elevar el nivel de expectativa durante el proceso electoral. La falta de iniciativa política en tema de financiamiento a los partidos se presenta como un factor determinante a su poca atención, y por tanto, a su mala regulación. En Guatemala, este síntoma se encuentra presente, tanto desde el punto de vista sustantivo como subjetivo. La falta de herramientas normativas por parte de la autoridad electoral, así como la carencia de responsabilidad y un régimen sancionatorio estricto, hacen del financiamiento en Guatemala un acto arbitrario.

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Luego de sustentarse y consolidarse en términos de institucionalidad, los partidos políticos deben de proyectarse por medio de órganos internos de investigación y fiscalización, con funciones específicamente enfocadas a monitorear el comportamiento de sus adversarios durante campaña electoral. Esta facultad no solo se presenta como una posibilidad institucional, sino como una obligación a mantener un orden democrático-electoral. De aquí que los mecanismos indirectos cumplan una función de control cruzado complementaria a la fiscalización que realiza la autoridad electoral. Puesto que da un mayor alcance e interés de investigación por actuar propio de los partidos políticos como actores de la contienda electoral, los cuales se deberían de proyectar como los más interesados en preservar el bienestar del sistema electoral.

Para realizar esta labor, los partidos políticos deben incluir dentro de sus potestades, tanto a nivel de instrumento constitutivo como legal, algunos actos enfocados en la fiscalización de otras organizaciones políticas. En primer lugar, mediante el monitoreo del gasto en medios de comunicación masiva por medio de un órgano especializado y en constante monitoreo de la actividad de las demás formaciones políticas en los distintos espacios publicitarios. Segundo, observar y analizar los informes publicados por la autoridad electoral relativos a la información financiera entregada por los partidos, con el afán de encontrar datos falsos, incompletos o de contenido ilegal. Esta medida de control indirecto puede ser extendido a la sociedad civil, la cual puede actuar como una especie de “auditoria ciudadana” en apoyo a la autoridad electoral; esta última se encontraría obligada a investigar a petición de parte interesada. Tercero, que la autoridad encargada de investigar, utilice como herramienta esencial el apoyo de las diferentes entidades estatales, los cuales, por la naturaleza de sus funciones otorgadas por la ley, a detectar actos anómalos de las formaciones políticas o de personas relacionadas a las mismas. Entre las instituciones que pueden apoyar en la fiscalización se encuentran el Congreso de la República por medio de sus comisiones y Junta Directiva, así como la Contraloría General de Cuentas para el monitoreo de posibles donaciones de fuente pública. Esta última medida representa un desafío de índole político, a medida que los mecanismos de nombramientos de las instituciones estatales antes mencionadas se encuentran sujetos a intereses puramente partidarios.

En cuanto a la labor de investigación por parte del Tribunal Supremo Electoral, expresar que es fundamental, dado que al existir una denuncia por otra formación política o ciudadana, esta debe responder mediante instrumentos que le permitan llegar a la verdad de los hechos controvertidos presentados. De aquí la magnitud de regular el secreto bancario entorno al financiamiento político, y de la cooperación de las entidades cuyas funciones pueden ser utilizadas para el monitoreo de movimientos dentro de las formaciones políticas; tales como la autoridad fiscal (Superintendencia de Administración Tributaria), el ente encargado de la supervisión financiera (Superintendencia de Bancos) y de la institución que regula la actividad de los medios de comunicación (Superintendencia de Telecomunicaciones). En relación a lo anterior, la creación de un convenio con las distintas entidades provocaría un mayor alcance de información sobre cada

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Ante esto, el presente trabajo de investigación tiene como objeto comprobar que los instrumentos directos de fiscalización alrededor del control del financiamiento privado y el gasto en medios de comunicación, han resultado ser irregulares y de poco alcance.

6. Conclusiones

1. Los partidos políticos en Guatemala son instituciones de derechos público, constituidos bajo las formalidades y mínimos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Su actuar se encuentra sujeto a la vigilancia y fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. En los estatutos de constitución, los partidos deben incluir órganos encargados del funcionamiento del mismo en distintas actividades enfocadas en la institucionalización y el proceso de pre y campaña electoral.
2. En Guatemala, el financiamiento de las formaciones políticas se caracteriza por utilizar un mecanismo mixto, es decir, incluye aportaciones de naturaleza público y privada. El financiamiento público se caracteriza por ser aquella obtención de fondos por parte del Estado, mediante un criterio y mecanismo contemplado en la propia ley. El financiamiento privado, que es la obtención de dinero de personas jurídicas o físicas con los límites establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, representa más del 60% del presupuesto de las formaciones políticas. En las ultimas contiendas electorales, como ya se puedo demostrar en el presente trabajo investigativo, el financiamiento privado se ha proyectado como una forma, por parte de las formaciones políticas, a actuar irregularmente y sobrepasando los límites establecidos en la normas. Estos actos ilegales se perpetúan por no existir mecanismos eficientes de fiscalización y las herramientas para su investigación.
3. Durante la campaña electoral, los partidos políticos invierten grandes cantidades de dinero en la promoción de sus instituciones y candidatos en los distintos medios masivos de comunicación. A pesar de que existen normas ordinarias y reglamentos que regulan la utilización de dichos recursos publicitarios, la autoridad electoral no se encuentra facultada para hacer respetar los límites establecidos en los mismos, por no existir un mecanismo ni sanciones específicas.
4. La problemática alrededor del control del financiamiento y el gasto en los medios de comunicación masiva en campaña electoral pone en riesgo una contienda electoral justa, equitativa y de iguales condiciones para los partidos que participan. Ante esto, la credibilidad de los partidos políticos frente al electorado y su debilidad institucional, hacen que los mismos se proyecten como franquicias electorales.
5. Los sistemas de fiscalización directa han demostrado ser ineficaces, dado que delegan la tarea de control e investigación a la autoridad electoral. Por otro lado, por no contar con las herramientas legales, el Tribunal Supremo Electoral se encuentra imposibilitado de sancionar

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Referencias

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• CORDERO Z. Anne. Financiamiento privado y fiscalización de los partidos políticos. Facultad de Derecho Universidad Francisco Marroquín. Guatemala 2012.
• CORDERO, L. A. La fiscalización del financiamiento de los partidos políticos: un asunto de conciencia crítica. en memoria del III Congreso Internacional de derecho electoral, Cancún. 1998.
• DOMENACH, Marie. La Propaganda Política. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Traducción de Horacio Lenos. Cuarta edición. Sin año.
• GUERRERO, E. Fiscalización y transparencia del financiamiento a partidos políticos y campañas electorales, Dinero y Democracia. Serie Cultura de rendición de cuentas. 1999.
• GUTIERREZ Y ZOVATTO. Financiamiento de los partidos políticos en América latina. 2ª Edición. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Organización de los Estados Americanos. Universidad Autónoma de México. 2011
• LUJAMBIO, A. La Fiscalización de los gastos de los partidos políticos. Instituto para la democracia y Asistencia Electoral IDEA. 2007.
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• MOLINA C. José. BREVE HISTORIA ECONOMICA DE GUATEMALA DEL SIGLO XX. Guatemala, 2011.
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• PULIDO, Pacheco. El secreto en la vida jurídica. Editorial Porrua. México, 2003.

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• www.rae.es
• www.trife.gob.mx
• www.prensalibre.com
• www.elperiodico.com.gt

Otras referencias

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• Acción Ciudadana. ¿Cuánto costó la campaña electoral? Análisis del Gasto y la rendición de cuentas de los partidos políticos en el proceso electoral Guatemala. 2012
• Tribunal Supremo Electoral. Memorial de Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2011. Tomo 1 Guatemala, Centroamérica.

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